Estamos —más que cautivos,
ensartados— en este debate tedioso y superfluo, a la postre, del final legislativo
de sedición. Se argumenta como fundamento de peso el que ningún país europeo
contemple dicha figura penal en los textos legales. Completa la falacia una
“exigencia” comunitaria para acoplarnos con Europa. Al igual que la falta de
literatura picaresca no sostiene un mundo ingenuo, probo, la ausencia del
vocablo sedición no da pátina de quietismo vehemente. Sedición por sí misma ni
es acicate ni hipnótico; al presente, constituye un falso enfoque discursivo.
Hermana menor, inocente, casi cándida, de sublevación (hoy desaparecida del
tronco familiar) hasta ahora pasaba desapercibida, pero esta coyuntura extraña
le ha hecho presidir brevemente el candelero informativo. A poco, finará
físicamente y su hermana mayor seguirá en paradero desconocido.
Cierto que ambas figuras
penales de anatomía semejante, pero distinta condena, siempre fueron bendecidas
por una izquierda desaprensiva y democráticamente peregrina. En el pasado,
tales apuntes legislativos significaron un freno para el convulso siglo XIX
lleno de asonadas y golpes provenientes principalmente de la derecha social y
castrense. Luego, todos asaltaron aquellas leyes por procedimientos contrarios
no solo a la norma sino a la justicia y al pueblo que veía impotente, incluso
cohibido, las desvergüenzas del poder. Pasó con el golpe de Jaca, en mil
novecientos treinta, donde (salvo los capitanes Galán y García Hernández) a
todos se les conmutó la pena y luego, meses después, amnistiados. Igual ocurrió
con el golpe de Sanjurjo en mil novecientos treinta y dos, amnistiado en el
treinta y cuatro. Indalecio Prieto y Companys, responsables del alzamiento en
Asturias y del Estado Catalán, fueron amnistiados dos años más tarde de
protagonizar tales sucesos.
Las derechas, en sus diferentes
formulaciones y complejos, jamás han iniciado textos legales con referencia a
delitos de sublevación y sedición. La primera vez que aparecieron en el código
penal fue en mil ochocientos veintidós, durante el trienio liberal. Con
posterioridad, se revisa en mil ochocientos cuarenta y ocho, mil novecientos
treinta y dos y mil novecientos noventa y cinco, todos gobiernos liberales o de
izquierdas. La derecha ha sido incapaz de proponer restricciones a la
transgresión porque durante mucho tiempo fue su personaje principal. No es que
la izquierda, desde su nacimiento, le hiciera ascos a agitar al pueblo, ni
mucho menos; pero el sino tiránico característico exime de cualquier remilgo
legal: simplemente circunvala o elude la Ley. Acaso sea plagio, anhelo o desenfreno;
no obstante —dentro de la moderación diestra, incluso acatando la Ley— apenas
existe al respecto distancia sustantiva entre izquierda y derecha.
Esta derecha patria,
estéril, incapaz de gestar o derogar sedición dentro del código penal, nunca
revertirá su caída, pese al compromiso de Feijóo. Estoy convencido de que
cuando el PP tenga mayoría parlamentaria no tocará la Ley que “descubra” este
desalmado y ambicioso personaje. Lo que en adelante se denominará Desorden
Público Agravado va a beneficiar casi en exclusiva al independentismo catalán y
vasco. El resto de la ciudadanía puede sufrir incómodas repercusiones por un
“quítame allá estas pajas” a consecuencia de esa ambigüedad contenida en el
título del texto legal. PSOE, PP y ahora sanchismo, han vendido su alma al
diablo nacionalista (hoy independentismo acérrimo e inacabable) a cambio de una
gobernanza tranquila. Todo ello se ha ido gestando en cuatro décadas de nefasto
bipartidismo sin cambiar la Ley Electoral. Cosa distinta son las excusas dadas
para seguir alimentando el monstruo que nos devora.
Los nacionalismos
—independentistas o no, al fin un matiz acomodaticio— por muchos afijos con que
se acompañen, son partidos ultras, nazis en su pragmatismo solar o hábitat diferenciado.
Quien crea ver algún principio marxista en la CUP, Bildu, o doctrinas
similares, se equivoca de pleno. Con mayor motivo, si considerase izquierda a
ERC donde se cobija y ubica la burguesía liberal catalana. Para qué hablar de
Junts o PNV portadores del estigma altoburgués catalán y vasco. Al compás, hay
partidos camaleónicos, camuflados. Son el PSC y PSE, nacionalistas y
constitucionalistas a ratos, según convenga dentro de su atavismo republicano.
Aconsejaría al lector curioso, interesado, que analizara la historia del PSOE
desde el segundo decenio del siglo XX, al menos.
La derecha nacionalista
catalana y vasca (en su amplia mutabilidad, sin complejos al contrario de su
sosia nacional) ha sido padre putativo y benefactor único del prometido
destierro del término sedición y probable cambio de fisionomía textual en
“malversación”. Ello, a la sombra antojadiza de un individuo insaciable, sin
escrúpulos, desprestigiado y nocivo. Sánchez y su codicia están resultando el
tonto útil de una derecha atormentada, medrosa, incapaz de imponer sus
criterios e intereses sin el plácet siniestro. Esta derecha social —salvo
algunos, mejor algunas, ejemplares rebeldes, con personalidad arrolladora— al
contrario de la nacionalista se muestra pusilánime, de respuesta nula ante una oposición
disipada y fulera. Ignoro por qué acepta una falsa supremacía ética de la
izquierda, así como “cargar” con la ficción de heredera franquista.
El último escollo, por
ahora, que le queda a Sánchez para disfrutar un año más de cuatro palacios,
Falcon y Puma, es “velar” el concepto malversación. Gabriel Rufián —célebre y
prestigioso jurista, dueño además de un loado sentido común— dijo, desconozco
si como velada amenaza o “pertinente” sugerencia, que la malversación debería
cumplir una labor quirúrgica. Se ignora también si el “tajo” quirúrgico se
refería solo a condenados por el “procés” o incluía corruptos socialistas
andaluces. Malversar es apropiarse o destinar los caudales públicos a un uso
ajeno a su función. Sin embargo, se empiezan a oír voces que discriminan entre
si lo apropiado queda a disposición del malversador o lo reparte a otras
personas. Según se de una circunstancia u otra, la pena será mayor o menor
cuando se juzga únicamente el hecho, su cuantificación, no los arrabales
posteriores. La apropiación, por lógica, sería delito distinto y su pena unitaria,
firme, inmutable.
Parece haber pocas dudas de
que, en adelante, los independentistas podrán elegir entrambos caminos con
total impunidad: volver otra vez a la DUI (Declaración Unilateral de
Independencia) o exigir financiación y competencias abusivas, en detrimento del
resto de Comunidades, rompiendo la solidaridad y conciliación nacional. Como lo
he expresado anteriormente, pese a tanta vestidura rasgada por diversas cuestiones,
solo hay dos culpables. No importa ya la autoría sino esa obcecación sempiterna.
Tal contingencia permite que catalanes y vascos, de facto, tengan un peso
esencial en la gobernanza de España. Conforma una inexplicable paradoja que
quienes renuncian a ser españoles conlleven, si no conducen, los destinos del
país. Veremos en breve si la sociedad permite tanto cesarismo antidemocrático
puesto en práctica por un Sánchez necio y desubicado.
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