Un amigo, filólogo y poeta, es el agudo
padre del epíteto que da título al presente comentario. En su lucubración, pudo
referirse a la actitud irracional e ilógica de la élite gobernante pero también
a la indiferencia ciudadana, renta existencial ante el cúmulo de
acontecimientos sinsentido. Kierkegaard y Sartre analizaron tal comportamiento
en su teoría de lo absurdo. Sospecho que la intención de mi amigo se aproximaba
al primer concepto pues, humanista declarado, suele conceder poca entidad a lo
que resulta extraño al individuo en su parcela más íntima. Sea como fuere,
comparto plenamente la ingeniosidad.
Que en pequeños Estados del llamado
Tercer Mundo, se imponga una deplorable ley de la selva parece razonable. Sin
embargo, que esa actitud arbitraria ocurra con demasiada frecuencia en países
civilizados, termina por reprobar el propio sistema democrático donde la Ley
debe orientar toda ocupación gubernamental. Son muchos los casos que, ora lucro
ya prepotencia, anulan el buen juicio llevando al absurdo (además de al
ridículo) y deslegitimación a un dominio para el que, claramente, carecen de
cobertura legal. ¿Necesito poner ejemplos?
Empezaré por la alta dirección de
Entidades Financieras Públicas o empresas de semejante titular. Ambos
escenarios son pródigos en especímenes cuya incapacidad de gestión, error o -peor
si cabe- de extravagancia han supuesto pérdidas milmillonarias. En este campo,
Cajas de Ahorros se han endeudado seis veces, al menos, la cantidad de fondos
efectuados por sus impositores. Todo ello con el visto bueno del Banco de
España, entidad encargada de controlar los movimientos financieros. Ahora el
Estado (es decir nosotros) debe realizar un rescate indefinido, superior a los
cuarenta mil millones de euros ¿Por qué no doscientos mil millones? ¿Acaso sabe alguien la cantidad real?
Seguiré relatando esta competición del disparate
con los sindicatos. Originariamente estaban constituidos por trabajadores que
pagaban sus cuotas. Ello les otorgaba autonomía financiera y, por ende,
libertad de acción. Hoy conforman entes burocratizados, jerárquicamente
rígidos, sin representación efectiva y sometidos a la estructura gubernativa de
quien se financian. Constituyen la espita, favorable al gobierno de turno, que
regula y encauza la presión del mundo laboral en situaciones explosivas. Los
millones de parados (según se cuenta) junto a múltiples subsidios, les permite
tener saneadas sus arcas.
Nuestros representantes (gobierno u
oposición, ¡qué más da!) destapan el tarro de las esencias en cualquier empleo
o iniciativa. El ejecutivo actual, excelente oposición ayer, ha perdido el
timón y la brújula; aunque parece cautivarles a más no poder el astrolabio. De
la oposición, días atrás máximos responsables, nada podemos añadir. Son viejos
conocidos pertrechados de ineptitud y otros vicios, presuntos, que la prudencia
mía y el ingenio del amable lector me permiten obviar. Sobre esa minoría
excluyente, victimista, provocativa, retadora, mejor correr un silencio flemático.
España, los españoles, ha sufrido a lo
largo de cinco años un saqueo que supera récords. Se ha derrochado la Hacienda
Pública sin orden ni concierto. El caos e imprevisión fueron los únicos
argumentos esgrimidos por quien debiera planificar un dispendio. Además, nadie
se atrevió a poner coto al endeudamiento privado. Así, abonaban cierta avidez
de probidad económica. Todos fuimos un poco culpables. Unos buscando un prestigio
personal sin exhibir mérito alguno para poseerlo; otros cerrando ojos a su
torpeza infinita e indigencia moral.
Quebrada la nación, misérrima la
sociedad, instalados en una dinámica peligrosa y lamentable, los responsables
máximos (tal vez trincones) se ven amparados por la más injusta de las
impunidades. Los postreros pasos de este gobierno bienamado: Elección del
presidente del CGPJ, autorización para fusionarse Antena Tres y la Sexta, amén
de olvidos insultantes, aquiescencias, silencios cobardes y otras medidas
asombrosas, nos llenan de desconcierto y alarma. La parroquia, el individuo,
sigue pasiva, insensible. Sí, España (este país sin justicia, donde prebostes fatuos
e incoherentes abjuran de la Ley, donde al ciudadano se le considera cada
cuatro años y lo acepta) ahora puede denominarse ABSURDILANDIA.
