Toda acusación popular se
genera sobre dos vertientes. Una política cuya sentencia, en un sistema
democrático, viene dada por el resultado electoral. Otra, presenta vínculos jurídicos
y su ejecutoria, objetivamente, corresponde a la fiscalía. Existen, sin
embargo, colectivos que, disfrazados de oscura representatividad, aseguran ser voz
y salvaguardia del pueblo. Se arrogan competencias previstas, de forma bastante
cautelosa, en el texto constitucional. Tanto que, a veces, precisa de profundo adiestramiento
hermenéutico.
Nadie duda del mandato, que
recoge la Constitución, sobre el acceso de instituciones oficiosas a ejercer
una acusación particular en cualquier proceso penal. Pero su labor queda
invalidada cuando subsiste riesgo de extrañas aventuras ajenas al acto
justiciable. Conocemos entidades virtuosas hasta el momento de presentar maniobras
vergonzantes que dejan al descubierto un sinfín de irregularidades. Primero sucumbió
la SGAE (Sociedad General de Autores y Escritores). Luego, salieron a relucir
las impurezas que atesoraba Manos Limpias cuyo presidente fue encarcelado y
sometido a escarnio social. Este caso marcó bastantes desavenencias entre el
espíritu constitucional y usos picarescos que de él se hacen.
Ayer, es un decir, de
manera inopinada irrumpió la noticia del tejemaneje que asedia al fútbol. El
señor Villar, presidente de la federación española, presuntamente realizó múltiples
ilegalidades tramitando el negocio balompédico. La salpicadura también afectó a
familiares y amigos, alguno de los cuales le acompañan en la cárcel. Ignoro si
hay materia o no para iniciar estrictamente un proceso, deseo, con pocas probabilidades
de causar víctimas inocentes. Pareciera una confabulación de individuos sin
escrúpulos aunados por un azar maldito.
Hay quienes ofrecían
causas engorrosas, con enjundia, dependiendo de qué ubicación doctrinal se asigne
al sujeto. La Asociación de Abogados Demócratas de Europa (ADADE), se ha
personado como acusación popular en el caso Gürtel. Dicho colectivo, aparte la arbitrariedad
que desprende su nombre, aprovecha una coyuntura subjetiva para sentar a Rajoy
en el banquillo de los testigos, aunque algunos lo consideren infractor de
antemano. Renuncio a buscar implicaciones entre el presidente y la ética como
lo haría con cualquier otro preboste de empaque. Por esto, llevarlo a juicio
debiera tener consideración de abuso manifiesto, sin que ello significara
excelsa templanza o impunidad.
Mencionaba, daba a
entender, el atropello de estos abogados al autodefinirse como demócratas. Esa
facultad deja al resto, inexorablemente, en el ámbito totalitario. Demasiada
vestimenta semántica para tan poca trascendencia. Tal asunto es un ejemplo
vivo, reciente, del uso desaprensivo, indigno, que se hace de la acusación
popular. Convertir las leyes en subterfugio de brega política mancha su pureza;
perversión más significativa en quien debiera observarlas con criterio recto y
riguroso. No vale todo para obtener réditos electorales. Al final, el ciudadano
acaba percibiendo qué oculta la máscara.
Insisto, es probable que
don Mariano -pese a lo impoluto de su presencia ante el tribunal- adolezca de
alguna mancha. O de varias. No obstante, hacer de él muñeco del pim, pam, pum,
constituye un hecho alevoso. Parece evidente que, la mencionada asociación, no
arrastraría a sus partidarios ante ninguna magistratura. Bien por indicios,
bien por sospechas, la farsa forma parte esencial del acontecer diario. Además,
nadie quiere su propiedad -justo lo contrario a aquello que despierta envidia o
loa- pero ante cualquier rechazo el reparto se realiza con equidad, con similar
porcentaje.
Sánchez e Iglesias elevan
a preeminencia la caricatura urdida por ADADE. Ambos, a dúo, a la par, respectivamente
piden la dimisión de Rajoy amén de una comparecencia extraordinaria. Don Pedro,
en un arrebato de cinismo, asegura que él dimitió para “defender sus
convicciones”. Se coge antes a un mentiroso que a un cojo, asevera rotundo un
refrán muy popular. En efecto, a Sánchez le hicieron dimitir por varias
razones, entre ellas el abismo a que abocaba al partido. Luego, con artimañas
mil, con verdades a medias jalonadas de engaños completos, supo transferir “sus
convicciones” a gran parte de afiliados. Tampoco necesitó grandes esfuerzos. Siento
auténtico interés de que explique Estado Federal y España Plurinacional;
razones y consecuencias. Asido a este pedrusco doctrinal, seguirá alimentando por
poco el martirologio del PSOE.
Reitero, Sánchez e
Iglesias -con tácito refrendo de Ciudadanos- exigen no sé cuántas renuncias a
Rajoy por corrupción. Cuando existe una crisis económica notable, la corrupción
crematística es grave pero hay otra vertebral siempre: la corrupción
democrática. Populismos y convicciones personales nutren el dogma que cala en
mentes irreflexivas poniendo en peligro la convivencia social y con ella el
sistema de libertades. Una izquierda radical, ultramontana, favorecida por la
resonancia de medios cuya deontología queda supeditada a la cuenta de
resultados, lleva irremisiblemente a la ruina material y moral. Así lo
atestiguan años de Historia, superada esa posibilidad de enjoyarla con sutilezas.
El individuo cree que propaganda
y agitación políticas son tácticas imprescindibles. Para los regímenes
totalitarios y tiránicos, sí; sin duda. En absoluto sirven para sistemas liberales;
ya que dichas tácticas quiebran, conculcan, la soberanía popular sometida a la
conciencia social. Una creación funesta debida a esa corrupción ideológica que
pervierte toda esperanza democrática. Además, sin ninguna duda, también
potencia el extravío material.