No extrañará a nadie que
personas con cierta edad hayan perdido toda capacidad de asombro; yo, al menos,
la he descuidado. Parece lo más razonable después de tolerar tanta
extravagancia y sinrazón sin decir pío siquiera. Leída la sentencia contra
Francisco Zugasti, condenado a siete meses de cárcel por “delito de atentado a
la autoridad”, me parece un fallo judicial asimétrico respecto a otros de
similares características y mayor consistencia en los hechos. Ignoro qué
razones puede esgrimir el ministerio del interior para poner decenas de guardia
civil o policía vigilando el chalet/mansión del vice y acotar espacio común;
ambas coyunturas propias de países bananeros, dictatoriales. Más si cabe, en
circunstancias normales, con inexistencia de escenario terrorista. ¡Qué
quieren!, me parece un abuso indudable de poder, si no prevaricación tácita.
Silencio, y cobertura oficial, no implica ausencia probable de acto delictivo.
Demasiadas irregularidades protagonizadas por un ejecutivo desaforado.
Creo que —además de
cambiar el miedo de bando, al decir de Iglesias— constituye un desiderátum
jurídico priorizar derecho positivo sobre su superior, derecho natural. Desde
hace tiempo se advierten resoluciones judiciales sustentadas exclusivamente en
textos legales, cuyos cimientos son concebidos por gobiernos específicos,
sujetos a mayorías parlamentarias inestables. Tal situación hace del derecho
positivo (y la ley que lo sustenta) algo particular, temporal e interpretativo;
es decir, sometido a subjetividades o barreras racionales. El derecho natural,
por el contrario, lo conforma un conjunto de principios y valores que se
encuentran en la conciencia del hombre. Es universal, inopinable y eterno. Noam
Chomsky proclamaba: “El control autocrático centralizado bien por las
instituciones del capitalismo privado, bien por el capitalismo de Estado, han
sido un destructivo vestigio de la historia”. Justifica, por ende, la
insurrección contra las leyes contrarias al derecho natural. Nada que alegar,
totalmente de acuerdo.
Francisco Zugasti (al que
el Diario.es lo encasilla como “ultra” con intención peyorativa,
propagandística), que se sepa, no ha merecido ninguna manifestación, desorden
público ni apoyo político. Isa Serra, condenada a diecinueve meses de cárcel e
inhabilitación por injurias y lesiones a dos mujeres policía en abril pasado,
recibió el apoyo incondicional de Unidas Podemos mientras se instaba a dudar de
la imparcialidad del TSJM. Bonito gesto “ético” hacia un acto delincuencial. Lo
mismo ha ocurrido recientemente con sentencia condenatoria que la Audiencia
Nacional realizó sobre Hásel a nueve meses de prisión por enaltecimiento del
terrorismo e injurias y calumnias a la monarquía. Esta vez acompañada de graves
desórdenes callejeros. Parece que a la izquierda no le advienen desapercibidos
circunstancias ni antecedentes, eso que los jueces dan por amortizado y que
podríamos denominar “perspectivismo jurídico”, previsiblemente recogido en el
derecho natural, nunca a guisa de excusa sino como criterio procedente. Sin
duda, lo ruin es la vara de medir
que utilizan determinados grupos.
Dicho lo que antecede, existen
excesivas dudas sobre si el ejecutante ha de ser ministro o subsidiario
judicial; tal vez corresponda a ambos cargar con la abstención u holganza. Mossos,
publica un diario, denuncian que se les dio orden de no cargar contra radicales
que agredieron a Vox en Vic durante la campaña electoral. España presenta una
situación deplorable, corroída por odios y enfrentamientos que nuestros
prohombres se encargan de potenciar al máximo para obtener ventajosos
beneficios. Golpeados por esta terrible pandemia (con nauseabunda e indecisa
gestión) y hundida la economía, precisaríamos unir fuerzas para mitigar, como
poco, ambas coyunturas. Sin embargo, se imponen espurios réditos partidarios
mientras mandan a hacer puñetas —nunca mejor dicho— el bienestar social. Se
está componiendo un país cleptómano, insólito, inconcebible.
Por mucho que la propaganda
gubernamental quiera ocultar, sobrecoge una realidad empírica sufrida por gran
cantidad de españoles: no tenemos ni un euro. ERTEs, IMV, asimismo otros
cuentos narrados a PYMES y autónomos, no han disminuido las colas del hambre.
No un hambre genérico, de oleada (que también), sino uno específico, con
filiación ilustre, porque esta crisis supera las clases medias fatalmente
depauperadas. Estamos al borde de una
sociedad subsidiada, objetivo apriorístico del viejo y nuevo comunismo. Ahora
mismo, el gobierno —o parte de él— intenta paliar tal marco con soluciones
oscuras, postizas, inaceptables. Condonar trescientos mil millones de deuda
soberana, subida de impuestos “a los ricos” y “gestionar” ciento cuarenta mil
millones de fondos europeos. Cualquiera implica, con perdón, salida de bombero.
Cabe, no obstante, una pregunta: ¿A cuánto ascenderán, presuntamente, las
distintas comisiones?
Durante dos años y medio
que lleva este gobierno, la deuda ha aumentado doscientos cincuenta mil
millones de euros; es decir cien mil millones por año. Zapatero, a lo largo de
ocho años apenas la amplió en noventa mil millones. Rajoy consiguió elevarla
solo en cincuenta mil millones por año. Imaginando reales estos datos,
deducimos que Sánchez es un manirroto. Sonroja, pues, que el gobierno haya
pedido tan elevada quita para compensar una gestión desastrosa y sombría. Ante
el fracaso de esta primera medida, le queda —como segundo recurso— una subida
generalizada de impuestos oculta bajo ese biombo tramposo de “a los ricos”.
Significará, sin duda, el hundimiento definitivo de la economía patria. Estos
señores han venido con ambición manifiesta, a no permitirse ningún límite
trazado por la moral y las buenas costumbres. ¿Por qué no disminuyen el gasto
para equilibrar haber y debe? ¡Gilipollas!, rumian sin reminiscencias éticas.
El Decreto que solicita fondos
UE necesitaba una condición sine qua non (aprobación por el Parlamento
Nacional) y algunas otras discutibles jurídicamente. En tiempo electoral no hay
amigos y ERC votó contra el PSOE. Pero hete aquí que un sorprendente Vox se
abstuvo y el gobierno mereció el plácet reglamentario para solicitar esos
ciento cuarenta mil millones de euros sin contraprestación. Es decir, pudo
incumplirse la Ley Orgánica del Consejo de Estado al no constar el decreto por
el que se pidió ese informe; Ley del Gobierno, al no enviarlo al Parlamento y
Ley de Transparencia al no publicarlo en el Portal de Transparencia de la
Administración del Estado. Lo peor: Sánchez queda libre para repartirlo
arbitrariamente. Esperemos que no aplique aquel viejo refrán: “El que parte y
reparte, se lleva la mejor parte”. Europa no se fía de Sánchez, menos de su amigo vice.
Por cierto, la opinión de
un comunista radical, autócrata, sobre democracia tiene el mismo valor que si
yo diserto sobre física nuclear. Ninguno sabemos de qué hablamos. “En España no
hay una situación de plena normalidad democrática” es una frase boba, necia,
snob; casi tanto como decir que gozamos de una democracia plena, asentada,
moderna. La estupidez humana abunda por doquier sin ubicación concreta y sin
remedio.
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