España siempre ha sido un país de sentencias, porque aquí no
solo juzgan los jueces; a nuestros ciudadanos les obsesiona pronunciarse
rotundamente ante cualquier tema. Ningún pueblo, que yo conozca, ofrece al
mundo esa compilación popular de tanta raigambre como es un refranero. No
consiste en un extracto literario al decir de bastantes expertos, no; más bien
constituye el prontuario filosófico que nos permite enfocar la vida desde
amplias referencias vitales. Añadamos el hecho insólito de que los autores, en
vez de pasarse años lucubrando sobre el ser y su entorno, cimentaron sus
dictámenes sobre observaciones y sentido común. Sin embargo, semejante preferencia,
huérfana de toda requisitoria habitual, obtuvo respuestas válidas durante
siglos. Solo una sociedad adormecida e inculta tras magistral ingeniería, puso
fin al curtido concierto refrán- rumbo vital.
Hoy ha emergido un linaje que coopera con los legítimos árbitros
de forma ilegal, desvalijando toda deontología: medios audiovisuales. Estos,
por principio, deben acometer el papel sustantivo de informar sin límites ni
regates ideológicos, fiscalizar el poder. Pese a ello, cada vez con mayor
fuerza aparecen comunicadores radicales, fanáticos, armados de un dogmatismo devastador,
que corrompen la conciencia social debilitando -al mismo tiempo- el sistema
democrático. Hace un instante, la televisión (entrevistando a la portavoz del
PSOE, y por su boca) juzgaba al PP de partido infecto, ultra, casi nazi; una
piltrafa. Tal pretensión de achacar al rival todos los vicios y peligros,
implica desdibujar cuando no impedir la alternancia política, esencia de toda
democracia escrupulosa. Ya no se limitan a disputar con nobleza el voto,
procuran por medios casi ilícitos eliminar al adversario, incluso con pactos de
dudosa calidad democrática.
Dos sentencias judiciales marcan un antes y un después en el pelaje
democrático de ciertos partidos. La primera se refiere a las medidas
preventivas adoptadas contra políticos catalanes que participaron con arrebato
en aquella declaración unilateral, folklórica, de independencia. La otra, harto
desatinada, condujo al hazmerreir -aborigen y extranjero- anterior a la
resolución final. Cierto que el desprestigio anidó dentro del propio tribunal,
verídico el absurdo esfuerzo con que se puso la soga al cuello. No obstante,
instituciones, partidos y políticos, potenciaron irresponsablemente tan
monumental yerro. Hasta Pedro Sánchez, en gesto inusual, al día siguiente
afirmó que el AJD (Acto Jurídico Documentado), un impuesto del año mil
novecientos noventa y tres, que supone el setenta por ciento de los gastos notariales,
lo pagarían los bancos. Además de subvertir la autoridad del Tribunal Supremo,
grave atentado democrático, para justificar a futuro un indulto fraudulento,
miente a sabiendas porque al final los bancos lo repercutirán sobre las
hipotecas.
Ignoro qué interés muestra nuestro presidente, sobre todo el
PSOE, de deslegitimar instituciones fundamentales para el sistema democrático. Empieza
por partidos rivales (PP, Ciudadanos, Vox) y poder judicial, mientras trata con
cierta intemperancia a las fuerzas de seguridad. Vislumbro vagas intenciones de
resucitar un aciago frente popular para satisfacer aviesas intenciones de
todos. Pedro Sánchez seguiría en La Moncloa; Pablo M. Iglesias detentaría la
vicepresidencia real, gozando de un poder que nunca consentirían las urnas; los
independentistas catalanes lograrían indultos, competencias y dinero; PNV junto
a otros tendrían papeles protagonistas en la política vasca. Y aún hay quienes,
dueños de un cinismo insultante, afirman que ellos (los anteriores, sobre todo
PSOE) trabajan para el ciudadano y no como otros que solo miran el voto.
España, sus habitantes, les importa un bledo. ¿Está en perspectiva una
democracia popular?
Brotan como hongos sentencias dictadas -y no es vocablo
candoroso- por personajes, personajillos y chiquilicuatres. Ustedes los
integrarán en el grupo de su agrado. Un PSOE
exquisito acusa a PP y Ciudadanos (por llevar a Sánchez para que
explique su negra y plagiada tesis, presuntamente) de utilizar el Senado a
favor de sus intereses. Niego que esos intereses sean distintos a los de PSOE y
Podemos (junto a otros socios) por llevar al Congreso a destacados líderes de
PP por un caso inmerso en la vía judicial. JXCAT, antigua CiU, pone en duda la
imparcialidad del Supremo. No lo dirá por los innumerables casos jurídicos en
los que bracea dicho partido o alguno de sus dirigentes históricos. Echenique
divulga que Casado mancha de cloacas la democracia porque ganó con apoyo de
Cospedal. ¡Soberbio!
Pese a todo, hay dos informaciones-declaraciones-sentencias
que me inquietan profundamente. Noticia: “Decenas de profesores y varias
universidades se unen al referéndum sobre la monarquía de la Autónoma de
Madrid”. Declaración: “Un gobierno decente tiene que convertir la voluntad
popular en una ley”, Pablo M. Iglesias dixit. Ambas iluminan la antesala a un
chavismo, peor todavía, a un comunismo sin biombo que pone en riesgo la
democracia. Estos sistemas tienen normas, aprobadas por mayoría, que garantizan
el cumplimiento de la Ley y la separación de poderes. Cualquier intento que
atente contra dichos principios contiene semillas antidemocráticas. Pareciera
que se pretende ganar (con el concurso impagable de altavoces mediáticos) una
guerra perdida hace ochenta años, aunque ello conlleve dolor y miseria.
Semejantes jueces (sin toga) ex cátedra, demagogos,
populistas, crean y siembran sentencias, principios éticos y políticos, que
incumplen descaradamente sin perder por ello prestancia -algo personal- ni
seducción, indicativo ajeno a uno mismo. Mantienen intactos, superando
hipocresías, corrupciones (incluso dinerarias) y tejemanejes diversos, los
réditos que les concede una sociedad demasiado inconsciente. Nadie sensato,
lógico, puede explicarse que la gente acepte de buen grado, y a los resultados
electorales me remito, el hecho (infumable en democracia) de que un político,
Echenique, amenace con salir a la calle si los jueces del Supremo dan razón a
la Banca. Todo el conjunto de injerencias ilegítimas, buscan el rédito fácil,
espurio, populista, propio de las crisis. ¡Cuánta ignominia acompaña al sillón!
Falta esa sentencia terminante del ciudadano que suele
pronunciarse en política poco y mal. Lo apetezco para que no se cumpla el adagio
de Michael Moore: “Si vuelves a la gente estúpida votarán a un estúpido”.
Espero que algún día los réditos dejen de ser espurios y sean percibidos por su
auténtico impositor, la sociedad
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